El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados.
La Secretaría de Estado de Seguridad ya ha recibido el visto bueno del Consejo de Ministros para la contratación de vigilantes de seguridad privada en el exterior de los 67 centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior. El contrato previsto para este año y 2015 tendrá un coste global de 33,3 millones de euros y se repartirá en cuatro lotes –divididos por zonas geográficas– para licitarlos a empresas diferentes. La Comunidad Valenciana ha sido incluida en un lote junto a Aragón, Baleares, Murcia y Navarra. El presupuesto de este lote es de 7,3 millones.